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¿Universidad responde por accidente de tránsito ocurrido en una práctica académica?
El reciente y lamentable accidente ocurrido en el puente helicoidal de la vía La Línea a Calarcá Quindío, donde varios estudiantes y docentes perdieron la vida durante una salida académica organizada por una universidad del Eje Cafetero, ha reavivado un debate jurídico profundo: ¿Universidad responde por accidente de tránsito, en el marco de sus actividades, se presenta un daño grave o incluso fatal a sus estudiantes?
Este blog analiza, desde una perspectiva jurídica rigurosa y práctica, los distintos agentes que pueden ser llamados a responder por los perjuicios causados en un hecho como este, así como el alcance de las obligaciones de previsión, custodia y protección que recaen sobre las universidades cuando promueven actividades académicas por fuera de sus instalaciones. Con especial énfasis en la jurisprudencia colombiana —en particular la del Consejo de Estado—, se profundiza en el deber de garantía de los centros educativos y en la forma como este ha sido interpretado por los tribunales en los últimos años.
Además, se aborda el papel de otros intervinientes como la empresa de transporte, el conductor, la aseguradora y el Estado, así como las causales que excepcionalmente podrían exonerarlos de responsabilidad. Finalmente, se expone qué tipos de perjuicios son jurídicamente reclamables por las víctimas o sus familias y bajo qué condiciones.
Este análisis busca ofrecer no solo claridad conceptual, sino también herramientas jurídicas útiles para litigantes, víctimas y operadores del derecho frente a hechos que, aunque dolorosos, requieren respuestas jurídicas completas y justas.
Tabla de contenido
1. Universidad responde por accidente de tránsito ocurrido en práctica académica
Naturaleza del deber de protección
La relación entre una institución educativa y sus estudiantes no solo es de carácter contractual (en el caso de estudiantes universitarios), sino que también genera una posición de garante que impone deberes especiales de previsión, cuidado y protección. Esto ha sido reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha señalado que las instituciones educativas, al organizar actividades académicas o extracurriculares, asumen una obligación de seguridad frente a los alumnos que participan en ellas.
Dicha obligación no se agota en el aula, sino que se extiende a todas las actividades institucionales formalmente organizadas. En este caso, al tratarse de una salida académica aprobada, planeada y ejecutada por la Universidad Alexander Von Humboldt, existe un vínculo directo entre el hecho generador del daño (el accidente de tránsito) y la actividad institucional organizada por la universidad.
Criterio de imputación subjetiva: culpa en la organización o vigilancia
La responsabilidad que se le podría atribuir a la universidad se encuadra dentro de la culpa por omisión (art. 2341 C.C.), derivada de una falla en el deber de organización o vigilancia. Si se logra probar que la institución:
- No verificó el estado técnico del vehículo.
- No comprobó la habilitación legal del transportador.
- Omitió establecer protocolos de seguridad mínimos.
- No tuvo en cuenta antecedentes de accidentes o sanciones de la empresa contratada.
En estos casos, la jurisprudencia ha sostenido que el nexo causal no se rompe por la existencia de un tercero (como el transportador), si la conducta de la institución fue determinante o coadyuvante en la configuración del riesgo. El riesgo no era inherente a la actividad misma, sino a la omisión institucional en preverlo o mitigarlo.
Participación activa en la creación del riesgo
Un punto fundamental es que los estudiantes no habrían estado en el bus ni en la vía en cuestión, de no haber sido convocados por la universidad. En términos jurídicos, esto constituye una colaboración activa en la creación del riesgo, lo cual implica un agravamiento de la obligación de cuidado y de previsión de la institución organizadora. No basta con alegar que el transporte fue externo o subcontratado: la universidad seleccionó y confió el traslado de personas a un tercero, sin garantizar el cumplimiento de estándares mínimos de seguridad.
Responsabilidad extracontractual con fundamento constitucional
Esta responsabilidad también puede tener un soporte constitucional. El artículo 2 de la Constitución establece que es deber de las autoridades (y por extensión de las instituciones privadas que prestan servicios públicos) proteger la vida e integridad de las personas. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha resaltado el principio de solidaridad organizacional, según el cual, quien lidera una actividad tiene la obligación de prever y minimizar los riesgos derivados de ella.
La Universidad Alexander von Humboldt, al organizar y ejecutar una salida académica, asumió una posición de garante respecto a sus estudiantes. Su responsabilidad no se diluye por la existencia de un transportador contratado. De comprobarse una falla en la selección del proveedor, falta de verificación de condiciones de seguridad, o en general, omisión en la prevención de riesgos previsibles, la universidad puede ser civilmente responsable por los perjuicios causados. Esta responsabilidad se enmarca en el artículo 2341 del Código Civil y encuentra respaldo en los principios jurisprudenciales materia de custodia y protección de personas bajo el cuidado de entidades educativas.
Las instituciones educativas no solo tienen la misión de impartir conocimientos, sino también la obligación legal de proteger a sus estudiantes mientras están bajo su cuidado, tanto dentro como fuera de las instalaciones. Esta responsabilidad ha sido ampliamente desarrollada por el Consejo de Estado, quien ha consolidado una línea jurisprudencial clara: los colegios, universidades y centros de formación responden cuando, por su omisión o descuido, se produce un accidente que afecta a sus alumnos.
Uno de los pilares de esta responsabilidad es la figura jurídica del garante, que impone al plantel el deber de vigilar, custodiar y prevenir cualquier riesgo razonablemente previsible mientras el estudiante esté bajo su supervisión. Esto incluye actividades académicas, salidas pedagógicas, prácticas, viajes de campo, eventos deportivos y recreativos organizados directamente por la institución.
Pero ¿por qué se habla de responsabilidad extracontractual? Porque, aunque entre estudiante y universidad existe un contrato educativo, cuando el daño se produce por un hecho dañoso imputable a la falta de vigilancia, previsión o seguridad, la responsabilidad que se activa es la derivada del deber general de no causar daño a otro por culpa o negligencia, conforme al artículo 2341 del Código Civil.
Y es aquí donde entra en juego la jurisprudencia. El Consejo de Estado ha señalado en múltiples fallos que, incluso si el accidente ocurre en una actividad aparentemente ajena a la institución (como el transporte operado por un tercero), la universidad sigue siendo responsable si fue quien organizó o promovió la salida y no tomó todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los alumnos.
Más aún, se ha considerado que los planteles educativos —públicos o privados— están sometidos a un deber reforzado de cuidado, especialmente cuando se trata de estudiantes menores de edad o jóvenes adultos en proceso formativo. La Corte ha reiterado que esta posición no es solo moral o pedagógica, sino jurídicamente exigible, y puede dar lugar a condenas por daños materiales, morales e incluso daño a la vida en relación.
En palabras del Consejo de Estado:
“El deber de protección y cuidado existe a cargo de las autoridades escolares respecto de sus alumnos, de tal manera que se garantice su seguridad y se vigile su comportamiento, dentro y fuera del plantel, en todas las actividades promovidas por la institución.”
Por eso, en casos como el trágico accidente en el puente helicoidal de La Línea, en el que estudiantes universitarios perdieron la vida durante una salida académica organizada por su institución, la universidad no puede alegar que la culpa fue exclusiva del transportador o del conductor. Su responsabilidad puede coexistir, y será evaluada en función del grado de diligencia con que actuó: ¿verificó la idoneidad del bus? ¿la habilitación de la empresa? ¿la experiencia del conductor? ¿las condiciones de seguridad del trayecto?
En definitiva, cuando un centro educativo promueve una actividad, debe asumir también los riesgos que conlleva. Y si de esa actividad resulta un daño, el ordenamiento jurídico colombiano, por vía jurisprudencial, exige una respuesta: la obligación de reparar integralmente a las víctimas.
2. Responsabilidad de la institución educativa frente a los profesores
En este caso, los profesores fallecidos durante la salida académica se encontraban cumpliendo funciones propias de su cargo, al acompañar a los estudiantes en una actividad organizada por la universidad. Por tanto, el hecho constituye un accidente de trabajo.
Dicho accidente activa la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales por responsabilidad subjetiva, administrado por una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), la cual debe asumir la prestación de servicios médicos, indemnizaciones por incapacidad, pensión de sobrevivientes, entre otros beneficios establecidos por la ley.
Sin embargo, esta cobertura no excluye la eventual responsabilidad civil del empleador objetiva, en este caso, la universidad, si se demuestra que el daño sufrido por los docentes se debió a una conducta culposa atribuible a la institución.
Responsabilidad civil patronal: culpa en la elección y provisión de medios
De acuerdo con el artículo 2341 del Código Civil, quien por culpa causa un daño a otro está obligado a repararlo. En el ámbito de las relaciones laborales, esta regla se concreta en el deber del empleador de proporcionar condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio de las funciones laborales.
En este caso particular, la universidad tenía la carga de:
- Seleccionar una empresa de transporte debidamente habilitada y en regla.
- Verificar el estado técnico y mecánico del vehículo utilizado.
- Confirmar que el conductor contara con experiencia, habilitación y cumplimiento de las normas de seguridad.
De comprobarse que la universidad incumplió dichos deberes —por ejemplo, contratando un transportador informal, con vehículos sin revisión técnico-mecánica o sin pólizas vigentes— se configuraría una culpa del empleador por falta de previsión y diligencia.
Esta responsabilidad no se enmarca en el sistema de riesgos laborales, sino en la responsabilidad civil patronal derivada del vínculo laboral y del incumplimiento de los deberes generales de cuidado.
El Consejo de Estado ha sostenido que, cuando el empleador provee directamente el medio de transporte o contrata a un tercero para que lo haga, sin adoptar precauciones mínimas de seguridad, se configura una responsabilidad civil por omisión.
La Corte Suprema de Justicia ha reiterado en su Sala Laboral que, cuando el daño se produce por culpa del empleador en el suministro de condiciones inseguras de trabajo, puede exigirse una indemnización plena por perjuicios, sin perjuicio de las prestaciones del sistema de seguridad social.
Doble régimen de responsabilidad: laboral y civil
Este tipo de situaciones da lugar a un doble régimen de protección para los trabajadores:
- Prestacional: amparado por la ARL, sin necesidad de probar culpa.
- Indemnizatorio: si se acredita una falla del empleador, puede reclamarse una indemnización plena de perjuicios, que incluye daño moral, lucro cesante y daño a la vida en relación, bajo los parámetros de la responsabilidad civil ordinaria.
La carga probatoria en este segundo escenario recae sobre los herederos del docente fallecido, quienes deben demostrar la culpa institucional y el nexo de causalidad entre esa omisión y el daño sufrido.
La Universidad Alexander von Humboldt podría ser civilmente responsable frente a los docentes fallecidos si se demuestra que incumplió su deber de cuidado en la organización de la salida académica, especialmente en lo relativo a la contratación del transporte. Dicha responsabilidad no desaparece por la cobertura del sistema de riesgos laborales, y puede dar lugar a reclamaciones adicionales por vía judicial. El fundamento legal se encuentra en los artículos 2341 y 2356 del Código Civil, y en la jurisprudencia laboral y contencioso-administrativa que protege los derechos del trabajador ante la culpa del empleador.
3. Responsabilidad contractual del propietario del bus
Fundamento jurídico: guarda del vehículo y deber de mantenimiento
El propietario del bus involucrado en el accidente ostenta la calidad de guardián del bien riesgoso, conforme al artículo 2356 del Código Civil, que establece la presunción de responsabilidad del dueño por los daños causados por las cosas que tiene bajo su guarda, salvo que demuestre caso fortuito o fuerza mayor.
Adicionalmente, si el propietario del bus celebró un contrato de transporte —directamente o a través de la empresa— y el vehículo fue usado como medio para ejecutar dicho contrato, también responde contractualmente, por la obligación de garantizar un vehículo en condiciones técnicas adecuadas y seguras.
Presunción de culpa por guarda del vehículo (art. 2356 C.C.)
El artículo 2356 dispone:
“El que posee un animal o una cosa inanimada, es responsable del daño que causa por el hecho de tal animal o cosa; pero cesará esta responsabilidad si prueba que el daño sobrevino por caso fortuito o fuerza mayor, o culpa exclusiva de la víctima.”
Así, el propietario del vehículo no puede limitarse a alegar que entregó el bus en funcionamiento. Tiene el deber positivo de probar que cumplió con todas las obligaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, que el vehículo no presentaba fallas conocidas o previsibles, y que el accidente fue resultado de un evento externo e irresistible.
En este caso, los reportes indican una posible falla en el sistema de frenos del vehículo. Ello refuerza la presunción de responsabilidad del propietario, salvo que se demuestre que:
- El bus fue objeto de revisión técnica reciente y aprobada.
- Se encontraba al día con las exigencias del Ministerio de Transporte.
- Fue sometido a mantenimiento profesional de forma periódica.
De lo contrario, el propietario será objetivamente responsable por el defecto mecánico, en tanto se trata de un riesgo propio del uso del bien bajo su custodia.
Responsabilidad contractual: incumplimiento del deber de seguridad
Si el propietario del bus es también el contratante (o subcontratante) del servicio de transporte, se configura un contrato de transporte de personas, regulado por los artículos 981 y siguientes del Código de Comercio. Este contrato impone al transportador la obligación de:
- Trasladar al pasajero con seguridad, diligencia y cuidado.
- Disponer de un vehículo idóneo y en perfecto estado técnico.
- Contar con pólizas de seguro vigentes.
La jurisprudencia ha reiterado que el deber de seguridad es parte del objeto mismo del contrato de transporte. Su inobservancia constituye un incumplimiento contractual, que da lugar a una indemnización por daños y perjuicios.
En este contexto, si el bus presentaba deficiencias mecánicas, y el propietario participó directa o indirectamente en el contrato de transporte, incurre en responsabilidad contractual por incumplimiento del deber de seguridad.
Compatibilidad con otras formas de responsabilidad
Esta responsabilidad contractual no excluye la responsabilidad extracontractual por daño causado por la cosa. En consecuencia, el propietario puede ser demandado:
- Contractualmente, por los pasajeros (estudiantes, docentes) con quienes existía relación derivada del transporte.
- Extracontractualmente, por terceros afectados que no eran parte del contrato (por ejemplo, peatones, otros vehículos, , familiares, víctimas colaterales).
El propietario del bus enfrenta una doble fuente de responsabilidad:
- Responsabilidad objetiva extracontractual, como guardián de un bien riesgoso (art. 2356 C.C.), presumiéndose su culpa salvo prueba en contrario.
- Responsabilidad contractual, si intervino en el contrato de transporte, por no garantizar un vehículo en óptimas condiciones mecánicas y legales.
En ambos escenarios, el propietario podría ser condenado al pago de indemnizaciones plenas por daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales, sin perjuicio de las acciones de repetición frente a terceros responsables técnicos o mecánicos, si los hubiere.
4. Responsabilidad contractual de la empresa de transporte
Fundamento legal: contrato de transporte de personas
La empresa de transporte que prestó el servicio en el cual ocurrió el accidente se encuentra sometida al régimen del contrato de transporte de personas, regulado por los artículos 981 a 1002 del Código de Comercio colombiano. Este contrato impone al transportador una obligación esencial: trasladar al pasajero sano y salvo al lugar de destino.
El artículo 1003 del C. de Co. establece expresamente:
“El transportador responde por los daños que sobrevengan a las personas transportadas, salvo que pruebe caso fortuito o fuerza mayor, o culpa exclusiva de la víctima.”
Esto implica que la empresa de transporte está sujeta a un régimen de responsabilidad de culpa presunta, en virtud del cual basta con probar que el pasajero abordó el vehículo y que sufrió un daño durante el trayecto, para que surja su obligación de indemnizar, sin que sea necesario acreditar culpa o negligencia.
Contenido de la obligación de seguridad
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el deber de seguridad dentro del contrato de transporte forma parte de la esencia del contrato, y su incumplimiento constituye causal suficiente para la imputación de responsabilidad contractual.
Esta obligación implica que la empresa debe:
- Garantizar que el vehículo asignado esté en perfectas condiciones técnicas y mecánicas.
- Asignar un conductor debidamente capacitado, habilitado y en condiciones psicofísicas adecuadas.
- Contar con pólizas de seguro vigentes que cubran responsabilidad civil contractual y extracontractual.
- Cumplir los protocolos de revisión, carga, velocidad, mantenimiento y regulación establecidos por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte.
Cualquier omisión en estas exigencias puede constituir un incumplimiento contractual por violación del deber de seguridad, con las consecuencias indemnizatorias correspondientes.
Inaplicabilidad de eximentes genéricos
Por tratarse de un régimen objetivo, no son admisibles excusas genéricas como “el vehículo falló inesperadamente” o “el accidente fue imprevisto”. La jurisprudencia ha sido clara al exigir que los eximentes de responsabilidad (caso fortuito, fuerza mayor o culpa exclusiva de la víctima) deben ser debidamente probados, y solo operan cuando:
- Se trata de un evento irresistible, imprevisible e inevitable.
- No existía forma de anticiparlo ni de adoptar medidas preventivas razonables.
- No media intervención alguna del transportador o sus dependientes.
En el caso de una falla en el sistema de frenos, por ejemplo, difícilmente se configura un caso fortuito, pues tal circunstancia es parte del riesgo propio de la actividad transportadora, y su prevención recae directamente en la empresa.
Obligación de reparar integralmente los daños
Si se demuestra que la empresa fue quien ejecutó el transporte en cuestión (ya sea directamente o a través de subcontratistas), y que el siniestro ocurrió en desarrollo del contrato, deberá responder plenamente por los daños causados a los pasajeros, incluyendo:
- Daño moral.
- Lucro cesante (en el caso de estudiantes con expectativas profesionales o docentes con ingresos proyectados).
- Daño emergente.
- Daño a la vida en relación (si fuere alegado y demostrado).
La empresa podrá, en el proceso, llamar en garantía a su aseguradora, conforme a las pólizas exigidas por la regulación nacional del transporte terrestre.
La empresa de transporte está llamada a responder contractualmente por el incumplimiento del deber de seguridad inherente al contrato de transporte. Dada la presunción legal de responsabilidad en cabeza del transportador, corresponde a esta empresa demostrar que el accidente fue resultado exclusivo de un evento imprevisible y ajeno a su control. En ausencia de tal prueba, y verificada la existencia del contrato y del daño, la responsabilidad es ineludible, y deberá indemnizar integralmente a las víctimas.
5. Responsabilidad del conductor del vehículo
Marco general de responsabilidad
El conductor del vehículo tiene una doble condición en materia jurídica:
- Agente directo en la ejecución del contrato de transporte, cuando actúa en nombre y por cuenta de la empresa transportadora.
- Potencial sujeto de responsabilidad civil directa, si incurre en una conducta dolosa, culposa o negligente que cause daño a los pasajeros o a terceros.
Aunque el contrato de transporte se suscribe con la empresa y no directamente con el conductor, este responde por la ejecución material del servicio, y está obligado a ejercer sus funciones con la máxima diligencia y precaución, dada la naturaleza riesgosa de su actividad.
Criterio de imputación: culpa del conductor
La responsabilidad del conductor se enmarca en el régimen de responsabilidad objetiva, conforme al artículo 2356 del Código Civil, y por no estar obligada la victima a probar la culpa, este tendrá que probar la causa extraña.
En el caso concreto, los reportes periodísticos indican que el bus presentó fallas en el sistema de frenos, lo que llevó al conductor a perder el control y colisionar contra la baranda del puente. Aunque se ha dicho que intentó evitar el siniestro al desviar el vehículo, los daños de los frenos es una situación previsible y controlable que no es catalogado como una causa extraña, además, por ser una situación intirnseca de la actividad peligrosa ejercida.
Compatibilidad con otras formas de responsabilidad
La responsabilidad del conductor no excluye la de la empresa de transporte, ni la del propietario del vehículo. Por el contrario, se configura una solidaridad o concurrencia de responsabilidades entre todos los sujetos que intervinieron en el transporte y la custodia del vehículo.
Además, el conductor puede ser demandado directamente por las víctimas, en calidad de cocomitente de la actividad riesgosa, lo cual ha sido reconocido por la jurisprudencia colombiana en materia de accidentes de tránsito.
Eventual responsabilidad penal
Cabe señalar que, dependiendo de la evolución de la investigación, la actuación del conductor podría dar lugar a responsabilidad penal por los delitos de homicidio culposo o lesiones personales culposas, si se demuestra imprudencia, negligencia o inobservancia de reglamentos.
Esta responsabilidad penal puede coexistir con la responsabilidad civil, siendo la una independiente de la otra. Las víctimas pueden ejercer su acción resarcitoria en el proceso penal como parte civil, o bien mediante una acción civil autónoma.
El conductor del vehículo tiene el deber jurídico de actuar con máxima diligencia y cuidado técnico. De comprobarse que incurrió en una omisión en los controles previos, manejo imprudente, desatención de señales de alerta o incumplimiento de normas de tránsito, podrá ser declarado civilmente responsable por culpa directa en la producción del daño. Esta responsabilidad coexiste con la de los demás actores del transporte y puede ser objeto de demandas de reparación por parte de víctimas directas o sus causahabientes.
6. Aseguradora llamada en garantía
Marco legal de la intervención de la aseguradora
En Colombia, conforme al artículo 1137 del Código de Comercio, el contrato de seguro genera una relación triangular entre el asegurado, la aseguradora y el tercero afectado. Esto permite que, en un proceso de responsabilidad civil, la víctima (o el demandante) pueda llamar en garantía a la aseguradora del responsable, para que esta asuma el pago de las indemnizaciones dentro de los límites de la póliza contratada.
En el contexto del accidente, tanto la empresa de transporte, como el propietario del bus, e incluso eventualmente el conductor (si contaba con póliza de amparo individual), deben tener vigentes pólizas que cubran su responsabilidad civil contractual y extracontractual.
Obligatoriedad del seguro en el transporte terrestre
De acuerdo con el Decreto 1079 de 2015 y la regulación expedida por el Ministerio de Transporte, toda empresa habilitada para prestar el servicio de transporte público terrestre automotor debe contar con:
- Póliza de responsabilidad civil contractual: que ampara los perjuicios causados a los pasajeros transportados, derivados del incumplimiento del contrato de transporte (por ejemplo, por fallas mecánicas, imprudencia del conductor o deficiencias operativas).
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual: que ampara daños a terceros no vinculados al contrato de transporte (como peatones, vehículos adyacentes, daños materiales a la infraestructura, etc.).
Estas pólizas deben tener una vigencia igual al tiempo de operación y cobertura territorial durante el trayecto.
Intervención procesal de la aseguradora
La figura del llamamiento en garantía permite vincular a la aseguradora al proceso civil o contencioso-administrativo, con el fin de que:
- Reconozca el amparo de la póliza frente al siniestro ocurrido.
- Asuma la indemnización correspondiente hasta el monto asegurado.
- Ejercite sus derechos de defensa, objeción o subrogación.
Esta figura resulta fundamental en la práctica, pues garantiza la efectividad de la condena y la solvencia del resarcimiento a las víctimas, evitando que las personas naturales o jurídicas responsables eludan el pago por falta de recursos.
Condiciones para que opere el amparo del seguro
Para que la aseguradora esté obligada a indemnizar, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Que el tomador o asegurado se encuentre al día en el pago de la prima.
- Que el hecho generador del daño (el accidente) esté dentro del riesgo asegurado.
- Que el siniestro haya sido debidamente reportado en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio.
- Que no existan exclusiones contractuales aplicables (por ejemplo, conducción en estado de embriaguez, participación en carreras, etc.).
Si la aseguradora niega el pago, podrá ser objeto de demanda, y se evaluará en el proceso judicial si la negativa fue justificada o configura mala fe contractual (art. 1077 inc. final C.Co.).
Compatibilidad con el SOAT y el seguro voluntario
Además del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), que cubre gastos médicos y funerarios sin necesidad de prueba de culpa, el seguro de responsabilidad civil es de naturaleza contractual voluntaria, y su finalidad es proteger el patrimonio del asegurado frente a demandas de terceros.
El SOAT tiene límites fijos establecidos por ley. En cambio, las pólizas voluntarias de responsabilidad civil contractual o extracontractual permiten cubrir daños más amplios (moral, lucro cesante, daño emergente) hasta los límites pactados, razón por la cual son esenciales en accidentes masivos como el presente.
La aseguradora del transportador, del propietario del vehículo o de ambos, podrá ser llamada en garantía en el proceso civil o contencioso, a fin de que asuma las consecuencias económicas del accidente, conforme a los términos de la póliza. Esta intervención es clave para garantizar la reparación efectiva a las víctimas y asegurar el cumplimiento de la condena sin depender exclusivamente del patrimonio del demandado. El juez evaluará si el siniestro está amparado y si procede el pago por parte de la compañía de seguros.
7. Responsabilidad del Estado por indebida señalización o fallas en la infraestructura vial
La responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia encuentra su fundamento principal en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual dispone:
“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.”
En este contexto, si se demuestra que el accidente ocurrido en el puente helicoidal de La Línea fue facilitado, agravado o no evitado a tiempo por una omisión en el mantenimiento, señalización o diseño vial, el Estado —a través de la entidad competente en materia de infraestructura vial— puede ser declarado responsable por falla en el servicio.
Modalidades de falla en el servicio aplicables al caso
Las siguientes hipótesis jurisprudenciales se deben considerar para evaluar la imputación al Estado:
- Falla en el mantenimiento de la vía: si la infraestructura presentaba defectos estructurales o deterioro que contribuyeron a la pérdida de control del vehículo.
- Falla en la señalización del riesgo: si no existían señales claras de advertencia en puntos críticos como curvas peligrosas, pendientes pronunciadas o restricciones de velocidad en el puente.
- Diseño vial deficiente: si la geometría del puente helicoidal presentaba riesgos intrínsecos sin haber sido corregidos o mitigados mediante dispositivos de contención (barandas reforzadas, peraltes adecuados, carriles de escape, etc.).
- Omisión en la instalación de sistemas de protección: como barreras de contención efectivas que pudieran haber evitado que el bus rompiera la baranda y cayera al vacío.
Estas omisiones se configuran como falla en el servicio por omisión, reconocida por la jurisprudencia del Consejo de Estado como causal de responsabilidad administrativa, sin necesidad de probar dolo o culpa, siempre que exista:
- Un daño antijurídico.
- Un nexo de causalidad entre el daño y la omisión estatal.
- Imputabilidad a una entidad pública con deber de vigilancia, control o mantenimiento.
Entidades potencialmente responsables
La administración y señalización de vías nacionales como La Línea está a cargo de entidades del orden central, entre ellas:
- INVIAS (Instituto Nacional de Vías), en caso de tramos no concesionados.
- ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), si la vía está bajo concesión privada.
- Ministerio de Transporte, como órgano rector de la política vial.
También podría derivarse responsabilidad del concesionario vial, si existía contrato de concesión que le otorgara obligaciones de mantenimiento y seguridad, caso en el cual se aplicaría el régimen de responsabilidad de los contratistas del Estado.
Jurisprudencia aplicable
El Consejo de Estado ha establecido, en múltiples sentencias, que la ausencia de señalización adecuada en vías peligrosas configura una falla del servicio, aun si el conductor del vehículo también contribuyó al daño.
En estos casos, se analiza la concurrencia de culpas o fallas, permitiendo establecer la proporción de responsabilidad de cada parte (Estado, empresa transportadora, conductor, etc.), sin que una exonere necesariamente a la otra.
Si se verifica que el tramo vial donde ocurrió el accidente carecía de señalización adecuada, presentaba fallas estructurales no corregidas o no contaba con medidas efectivas de mitigación del riesgo, el Estado —o el concesionario vial— podría ser condenado por falla en el servicio, en virtud del artículo 90 de la Constitución y conforme al precedente del Consejo de Estado.
La acción procedente es la acción de reparación directa, que puede ser presentada por las víctimas o sus herederos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
8. Posibles eximentes de responsabilidad bajo el régimen de actividades peligrosas: la causa extraña
Régimen de responsabilidad objetiva en actividades peligrosas
En Colombia, las actividades que implican un riesgo excepcional para terceros, como el transporte terrestre de personas, se someten a un régimen de responsabilidad objetiva, en el que no se exige prueba de culpa, sino simplemente:
- La existencia del daño antijurídico.
- La ejecución de la actividad peligrosa por parte del demandado.
- El nexo causal entre la actividad riesgosa y el daño.
En estos casos, la única forma de excluir la responsabilidad es demostrar una causa extraña, es decir, un hecho que, sin participación del agente responsable, rompa de manera total el nexo de imputación.
9. Únicas causales eximentes aceptadas: componentes de la causa extraña
La causa extraña, única eximente admitida en este régimen, puede revestir tres formas específicas, todas ellas tasadas y de interpretación restrictiva:
1. Fuerza mayor o caso fortuito
Hecho externo, imprevisible e irresistible que impide evitar el daño, sin intervención del obligado.
Ejemplo válido: caída de un rayo sobre el bus en plena vía.
Ejemplo inválido: falla mecánica por mal mantenimiento (es previsible y evitable, por tanto no exime).
2. Hecho exclusivo y determinante de la víctima
Cuando el daño es causado única y exclusivamente por una conducta temeraria o imprudente del pasajero, sin intervención alguna del transportador.
Ejemplo válido: pasajero se lanza voluntariamente del bus en movimiento.
Ejemplo inválido: pasajero no tenía cinturón de seguridad porque el bus no lo ofrecía.
3. Hecho exclusivo y determinante de un tercero
Cuando el daño resulta del actuar de un tercero autónomo, extraño al círculo de control del transportador, y cuya conducta fue la única y determinante causa del daño.
Ejemplo válido: un grupo armado ilegal detona un explosivo al paso del bus, sin nexo alguno con el operador.
Ejemplo inválido: colisión con otro vehículo si hubo concurrencia de culpa o incumplimiento del deber de vigilancia por parte del conductor del bus.
Carga de la prueba
El transportador (empresa, propietario, asegurador) tiene la carga de probar de forma plena y técnica que:
- El daño fue causado por una causa extraña.
- Dicha causa fue exclusiva y determinante.
- No existe concurrencia, omisión o contribución alguna de su parte.
La simple alegación de fallas mecánicas, condiciones climáticas normales, congestión vial o error humano no constituye causa extraña, y por tanto no exonera.
En regímenes de responsabilidad objetiva por actividades peligrosas, como el transporte terrestre de pasajeros, solo la causa extraña —entendida como fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho exclusivo de un tercero— exonera de responsabilidad. Estas causales deben estar plenamente probadas, ser ajenas al control del obligado y ser la causa única del daño. La falla de frenos, por su carácter previsible y controlable, no configura causa extraña, por lo que la responsabilidad se mantiene, salvo demostración en contrario conforme a los criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado.
10. Perjuicios indemnizables en el marco del accidente de tránsito con víctimas fatales y lesionados
La ocurrencia de un siniestro como el acaecido en el puente helicoidal de La Línea, con múltiples víctimas fatales y personas lesionadas en el contexto de una actividad peligrosa como el transporte terrestre de pasajeros, da lugar a la reparación integral del daño, conforme a los principios establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política, en el Código Civil, y en la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
La reparación integral comprende todos los perjuicios ciertos, personales y jurídicamente atribuibles al hecho dañoso. A continuación, se señalan los principales perjuicios que pueden ser reclamados, en sede judicial o conciliatoria, por las víctimas directas y sus herederos:
Daño moral
Consiste en el sufrimiento, aflicción o dolor causado por la pérdida de un ser querido, o por la propia afectación física o psicológica sufrida por los sobrevivientes.
- En caso de fallecimiento, puede ser reclamado por los miembros del núcleo familiar del fallecido (padres, hijos, cónyuge, compañeros permanentes y, excepcionalmente, hermanos).
- En caso de lesiones, puede ser solicitado por la víctima directa por el trauma físico y emocional generado.
La cuantificación del daño moral no obedece a fórmulas aritméticas, sino que se fija por el juez en atención a las reglas de la equidad judicial, dentro de parámetros definidos jurisprudencialmente (por ejemplo, el salario mínimo legal mensual vigente como unidad de medida —SMLMV—).
Daño material: perjuicio emergente
Este perjuicio corresponde a la afectación directa del patrimonio de la víctima como consecuencia del daño, en tanto gastos en que incurrió o que deberá afrontar inevitablemente. Comprende:
- Gastos médicos, hospitalarios, terapéuticos, psicológicos, medicamentos y rehabilitación (para lesionados).
- Gastos funerarios y de sepelio (para fallecidos).
- Transporte, alojamiento y demás gastos de urgencia para los familiares.
- Daños sufridos en bienes materiales transportados por las víctimas (equipaje, pertenencias).
Debe probarse mediante documentación contable, facturas, comprobantes y testimonios, aunque el Consejo de Estado ha admitido la presunción de ciertos gastos funerarios en casos de muerte violenta.
Daño material: lucro cesante
Este perjuicio comprende los ingresos que la víctima dejó de percibir por causa directa del hecho dañoso, ya sea de manera temporal (lesiones) o definitiva (fallecimiento). En el caso de fallecidos, es reclamable por los beneficiarios económicos del fallecido, según reglas de dependencia económica y expectativa razonable de vida productiva.
Se determina sobre la base de:
- Ingresos demostrables o estimados de la víctima (contratos laborales, ingresos profesionales, salario mínimo presunto).
- Edad de la víctima y expectativa de vida laboral.
- Proporción del ingreso que destinaba al sostenimiento del hogar.
La fórmula de cálculo se apoya en parámetros actuariales avalados por la jurisprudencia, y puede abarcar periodos pasados y futuros.
Daño a la vida en relación
Este daño ha sido reconocido especialmente por el Consejo de Estado y se refiere a la afectación grave, seria y permanente del proyecto de vida de la víctima, derivada de un hecho dañoso. Es aplicable a víctimas que sobreviven con:
- Pérdida de funcionalidad física (amputaciones, parálisis, movilidad reducida).
- Deterioro psicológico severo.
- Afectación permanente de sus capacidades laborales, sociales o recreativas.
Debe acreditarse mediante pruebas médicas, periciales, testimoniales o psicológicas, y se valora en términos de pérdida de calidad de vida.
Daño fisiológico o biológico (cuando corresponda)
Aunque no siempre se diferencia autónomamente del daño moral o a la vida en relación, en ocasiones se reconoce el daño fisiológico como la alteración permanente de funciones físicas o mentales que, sin generar una incapacidad absoluta, impactan la autonomía e integridad del individuo.
Aplicable, por ejemplo, a sobrevivientes que pierdan parcialmente la movilidad, la visión, el habla, o sufran deterioro neurológico, respiratorio u ortopédico irreversible.
Observaciones procesales y probatorias
- La acción judicial por perjuicios materiales y morales puede ejercerse dentro de los 10 años siguientes al hecho, conforme al artículo 2536 del Código Civil (prescripción ordinaria en responsabilidad extracontractual).
- En caso de transporte contratado, el plazo puede ser menor conforme al Código de Comercio (plazo de prescripción de dos años en algunas hipótesis, como el contrato de transporte) al igual que a la aseguradora, salvo la prescripción extraordinaria de 5 años.
Las víctimas directas y los familiares de los fallecidos o lesionados en el accidente tienen derecho a reclamar una reparación integral, que abarque tanto los daños patrimoniales (emergente y lucro cesante) como los no patrimoniales (morales, fisiológicos y a la vida en relación), conforme a lo previsto en la Constitución, el Código Civil y la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y la Corte Suprema. Estos perjuicios deberán ser objeto de valoración técnica, pericial y probatoria en sede judicial, con enfoque centrado en la dignidad de las víctimas y el restablecimiento pleno de sus derechos.