Indemnización por publicidad engañosa

Es toda forma de comunicación comercial que induzca o pueda inducir a error al consumidor sobre las características, precio, condiciones, origen, calidad o beneficios de un bien o servicio. Está regulada por la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).

El consumidor tiene derecho a que se respete lo ofrecido en la publicidad y a recibir información veraz, clara, suficiente y oportuna. Si se ve afectado, puede reclamar el cumplimiento de lo prometido, la anulación del contrato o una indemnización por perjuicios.

La principal autoridad es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), encargada de vigilar, sancionar y tramitar quejas relacionadas con publicidad engañosa y prácticas comerciales desleales.

La SIC puede imponer sanciones económicas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), exigir la rectificación pública y ordenar la suspensión de la publicidad infractora.

Puede presentar una queja ante la SIC con pruebas (fotos, correos, folletos, capturas, etc.) o iniciar una acción judicial. Se recomienda acudir a un abogado si el perjuicio económico o moral es significativo.

No. El consumidor tiene derecho a exigir lo que se anunció, incluso si la empresa alega que fue un error. La carga de la prueba recae en el proveedor, y se presume que lo anunciado es vinculante.

Sí. La publicidad en redes sociales, sitios web o mediante influenciadores también está regulada. Si induce al error o no advierte claramente que es contenido comercial, puede considerarse engañosa.

Sí. Si las restricciones no son claras, visibles o comprensibles para el consumidor promedio, se considera publicidad engañosa. Toda condición debe ser informada de forma destacada y sin ambigüedad.

Sí. El uso del producto no impide que se reclame si hubo un engaño. Lo importante es demostrar que la decisión de compra se basó en información falsa o incompleta.

De acuerdo con el artículo 58 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), el término de prescripción para presentar acciones por infracciones a los derechos del consumidor, como la publicidad engañosa, es de un (1) año contado a partir del momento en que el consumidor tuvo conocimiento del hecho que originó el daño.